¿Crees que tus movimientos en coche son privados? El FBI tiene otros planes.
Imagina una red de ojos digitales que fotografían cada vehículo que pasa, capturando su matrícula, ubicación y hora del día. Ahora, imagina que el FBI quiere acceso a esa red, con datos de casi en tiempo real, desde las autopistas de California hasta los caminos de Puerto Rico. Según documentos oficiales revelados esta semana, eso es exactamente lo que está solicitando la agencia.
El objetivo es claro: expandir masivamente su capacidad para rastrear vehículos en todo Estados Unidos y sus territorios. Pero aquí está el detalle clave: planean pagar millones a empresas privadas para conseguirlo.
Un contrato millonario y un sistema que debe cubrir el 75% del país
El FBI Directorate of Intelligence ha publicado una solicitud de propuestas (RFP) buscando contratar a uno o más proveedores que puedan entregar acceso a datos de lectores de matrículas automáticas (ALPR).
«El FBI tiene una necesidad crucial de LPRs accesibles para proporcionar un rango diverso y fiable de recopilaciones en todo Estados Unidos», dice una declaración de trabajo. «Estos datos deben estar disponibles en las principales autopistas y en una variedad de ubicaciones para una máxima utilidad para las fuerzas del orden.»
El sistema contratado debe cubrir al menos el 75% de las ubicaciones y poder proporcionar los datos en «casi tiempo real». El contrato se divide en seis regiones y podría durar hasta cinco años, con un valor potencial combinado de 36 millones de dólares.
Pero, ¿qué pueden hacer con esos datos? Según la solicitud, el FBI necesita poder buscar en la base de datos por números de matrícula completos o parciales, estado de la placa, direcciones, ubicaciones donde se escaneó una placa, e incluso marcas y modelos de vehículos.
«El sistema del Contratista debe tener la capacidad de acceder y/o consultar cámaras en todo Estados Unidos y sus territorios», especifica el documento oficial.
Aquí está el giro: los contratistas también deben poder crear mapas de calor que muestren la cobertura de las cámaras y revelar la fuente de la información (como cámaras de semáforo en rojo, empresas de recuperación de vehículos o cámaras de velocidad).
Dos gigantes en el punto de mira y un debate de privacidad candente
Como señala el informe de 404 Media, dos empresas están especialmente bien posicionadas para obtener parte de este contrato multimillonario: Flock y Motorola Solutions.
Flock vende sus lectores de matrículas a más de 12.000 departamentos de policía locales. Motorola Solutions también ofrece cámaras ALPR que pueden instalarse en carreteras o montarse en coches patrulla. El FBI podría adjudicar contratos a múltiples proveedores para alcanzar el nivel de cobertura deseado.
Sin embargo, esta tecnología no está exenta de polémica. Las cámaras ALPR han generado preocupaciones sobre privacidad, seguridad de datos y, según la Electronic Frontier Foundation (EFF), errores en el reconocimiento de matrículas que han llevado a arrestos erróneos.
¿Un ‘acceso directo’ federal a la vigilancia local?
El FBI ya dirige un programa de LPR para compartir información entre sus socios policiales. Sin embargo, este nuevo plan de la división de inteligencia para obtener acceso directo a una red extensa podría expandir significativamente ese intercambio de información.
Flock afirma que el acceso a sus datos por parte de agencias federales está deshabilitado por defecto y es «opt-in» por parte de la agencia local propietaria de las cámaras. «No hay puerta trasera en Flock», asegura la compañía en su blog.
Pero la realidad puede ser más compleja. 404 Media reportó el año pasado que algunos departamentos de policía local realizaban búsquedas en el sistema de Flock para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), otorgando acceso indirecto a una herramienta para la que ICE no tiene un contrato formal.
Además, las leyes estatales podrían convertirse en un obstáculo. California prohíbe explícitamente que las agencias estatales y locales compartan datos de cámaras ALPR con agencias policiales de otros estados o federales. Una ley similar en Virginia fue promulgada el año pasado. El propio RFP del FBI exige a los contratistas que identifiquen la ubicación de los servidores donde se almacenan los datos para verificar el cumplimiento de estas leyes locales.
Mientras un par bipartidista de legisladores estadounidenses proponía esta misma semana prohibir el uso de lectores de matrículas automáticos en todo el país, el FBI avanza en dirección contraria, buscando una vigilancia vehicular más amplia, rápida e integral.
¿El resultado final? Una infraestructura de vigilancia nacional que, por 36 millones de dólares, podría rastrear los movimientos de los vehículos en casi tiempo real, suscitando profundas preguntas sobre dónde trazar la línea entre la seguridad pública y el derecho a la privacidad.









